Cuenca del Salado

 

Denuncian penalmente a intendentes y a la Provincia por estrago hídrico


Productores y vecinos afectados por las inundaciones en el noroeste bonaerense acusan a funcionarios municipales y provinciales por omitir obras necesarias que podrían haber evitado la magnitud del desastre. La denuncia fue presentada en la Justicia penal de Trenque Lauquen y apunta a los responsables del Comité SubregiónA3 de la Cuenca del Salado y a organismos hidráulicos de la Provincia.

Una denuncia penal presentada en la Fiscalía N° 2 a cargo del doctor Tomás O'Reilly, en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen sacude el tablero político del interior bonaerense. Productores rurales y vecinos de Carlos Casares, afectados gravemente por las inundaciones acusan a intendentes y funcionarios provinciales de haber incurrido en estrago por inundación, omisión impropia e incumplimiento de deberes de funcionario público, por no ejecutar ni reclamar las obras necesarias para evitar el anegamiento masivo de la región.

La presentación se centra en la Subregión A3 de la Cuenca del Salado, integrada por los partidos de Carlos Casares, Pehuajó, 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen y Carlos Tejedor, donde miles de hectáreas productivas y caminos rurales permanecen bajo el agua desde hace meses, sin respuesta estatal.

Los denunciantes llevan a la Justicia penal al intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, junto a otros miembros del organismo interjurisdiccional: los intendentes de 9 de Julio, María José Gentile y el intendente de Hipólito Yrigoyen, Ignacio Pugnaloni, a quienes se suma el secretario de obras públicas de Pehuajó Luis Fanti.

Sostienen que dado el rol dentro del Comité de Cuenca tenían conocimiento técnico por ende responsabilidad funcional directa para coordinar reclamos, ejecutar limpiezas y exigir el cumplimiento del Plan Maestro del Salado. A su vez, apuntan contra funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección de Hidráulica y el Ministerio de Infraestructura por demorar y abandonar obras hidráulicas ya proyectadas y presupuestadas. En tanto les reprochan no haber hecho reclamos formales, inclusive legales, contra la Nación en caso de corresponder.

La demanda penal sostiene que el desastre actual no fue un fenómeno natural inevitable, sino el resultado directo de una cadena de omisiones estatales, pese a advertencias reiteradas y disponibilidad de información técnica. Aún así, los políticos no habrían hecho nada: "(...) no hay espacio para la inercia -ni burocrática, ni administrativa, ni técnica, ni presupuestaria, ni política; menos aún para la pasividad, la dilación injustificada, el inmovilismo, la desidia, la acción de omisión. La Provincia detenta facultad exclusiva, primaria y no delegada para planificar, conducir y ejecutar las acciones de gestión, prevención, control, operación y mantenimiento". indicaron desde el equipo legal que representa a los damnificados.

 

       
          Fuente: "La Mañana" de Bolivar